Enviado por Silvia Ribeiro el
Esteriliza las semillas y amenaza la agricultura familiar y las costumbres tradicionales Este jueves fue desestimado por la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, por 15 votos a 4, el Proyecto de Ley 268/2007 —redactado por el diputado federal Eduardo Sciarra (DEM – PR)— que busca modificar la Ley de Bioseguridad para liberar los transgénicos que utilizan Tecnologías Genéticas de Uso Restringido (TRUG), más conocidas como semillas Terminator (semillas estériles.) El proyecto pretendía liberar la investigación y patentamiento de estas semillas estériles. Esta propuesta, defendida por las grandes empresas de biotecnología, es fuertemente rechazada por los movimientos sociales campesinos y por las redes de agroecología. De acuerdo con uno de los articuladores de la campaña Terminar Terminator, Julián Pérez, “una posible flexibilización de la Ley de Bioseguridad en esta cuestión supone aumentar la vulnerabilidad de los sistemas agrícolas, cuando ya hay una tendencia a la uniformización genética de los cultivos; profundizar la dependencia de los agricultores y del país y profundizar el control de las empresas extranjeras sobre las semillas”. La tecnología Terminator produce una modificación genética que da una especie de plazo de validez para las semillas. Una vez sembradas, estas semillas, que serían vendidas y protegidas mediante registros, se vuelven estériles después de un tiempo. Esta tecnología impide, por ejemplo, la práctica campesina de seleccionar y guardar semillas en sus predios de una cosecha para la siguiente. “Las posibilidades reales de contaminación de cultivos orgánicos y convencionales por semillas con GURT acarrearían pérdidas económicas y diferencias de precio. La liberación de los GURT, en cualquier circunstancia y condición, representa una grave amenaza para la seguridad alimentaria, para las comunidades campesinas y para la nación”, explica Pérez Los terminator no están permitidos en ningún país del mundo, ni se ha experimentado en campo con ellos. .El Convenio de Diversidad Biológica de la ONU (CDB), que actualmente preside Brasil, recomienda incluso que los países parte “no aprueben productos que contengan dichas tecnologías con fines experimentales ni comerciales” .