Destrucción neta de la biodiversidad

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Silvia Ribeiro*

 

¿Se puede medir cuánto vale la vida de un pueblo indígena o campesino? ¿O cuánto vale su muerte? Las empresas que quieren explotar sus territorios y a las cuales esas comunidades les molestan, piensan que sí. Por eso inventaron el concepto de “compensaciones por biodiversidad” (biodiversity offsets).  Así, una empresa minera o hidráulica, una constructora, enormes plantaciones de monocultivos de árboles, o cualquier otro mega-emprendimiento que implica devastar un territorio, podría “compensar” la destrucción, supuestamente  conservando biodiversidad en otra parte. Las que más están usando este perverso concepto son mineras, pero otras, como Cemex, no se quedan atrás.

 

La propuesta que se discute en el senado sobre una Ley General de Biodiversidad, de la senadora Ninfa Salinas del PVEM, aunque no nombra esta modalidad  específicamente, la facilita a través de los vacíos y las nuevas regulaciones que establece y sobre todo, por el desconocimiento que predomina en la propuesta sobre el rol esencial, histórico y actual, de las comunidades indígenas y campesinas en el cuidado y crianza de la biodiversidad.

 

El concepto de “compensaciones por biodiversidad” es una mina de oro para las empresas, porque les permite aumentar sus ganancias y aparecer como “verdes”. Primero ganan con el emprendimiento contaminante que instalen y por salir impunes por la devastación causada. Segundo, se apropian o pasan a gestionar un área de biodiversidad en otra zona, con la que pueden conseguir ganancias adicionales, sea por el incipiente mercado secundario de “bonos de compensación por biodiversidad”, como por la venta de servicios ambientales, mercados de carbono, o por contratos que podrían firmar para patentar elementos de la biodiversidad, como plantas, insectos o microorganismos que se encuentren en ese “predio”, como dice la propuesta de ley nombrada. Parte de la estrategia de las empresas para facilitar la operación, es denigrar a los pueblos que viven allí, a quienes acusan de que si la empresa no se hubiera hecho cargo, hubieran devastado su territorio, por lo que al desplazarlos, están cuidando la biodiversidad.

 

El desplazamiento de territorio, como bien saben todos los pueblos que lo han sufrido, es una sentencia de muerte para las comunidades, sus culturas, sus formas de vivir y trabajar. Cuando las reubican, las trasladan a zonas que no conocen, que no son fértiles y donde no pueden practicar sus formas tradicionales de sustento.  Un ejemplo de “compensación por biodiversidad” que presenta la minera RioTinto como modelo, es el caso de una mina en Madagascar, a partir de la cual reubicaron a una comunidad. Nunca les informaron que no podría acceder al bosque y que el lugar que les dieron para sembrar eran dunas de arena. El Movimiento Mundial de Bosques fue allí y publicó un informe sobre lo que realmente ocurrió, que muestra el significado de este tipo de “compensación”. Un modelo, sí, de cómo operan las trasnacionales. (http://tinyurl.com/mdm4gd5)

 

Estas “compensaciones” parten de las mismas bases teóricas que los mercados de carbono, los pagos por servicios ambientales y el concepto de “cero emisiones netas” en cambio climático. El supuesto básico es que las emisiones de gases, la contaminación y la devastación, pueden ser “compensadas”. No se trata de parar la devastación y contaminación ambiental ni la destrucción de la biodiversidad, sino de hacer la contabilidad correcta: si el daño producido supuestamente se compensa en otra parte, la suma total dará cero.  Esto de nada sirve para frenar el cambio climático, cuidar la biodiversidad y mucho menos a los pueblos desplazados o a quiénes ya no pueden beber más agua de su río,  a quiénes pierden su bosque, su tierra y su sustento. Pero cuantificar la destrucción, permite emitir bonos y créditos comerciables.

 

En el caso del cambio climático, esta operación obvia realidades muy graves. No existe ninguna evidencia de que los mercados de carbono hayan mejorado en nada el cambio climático, aunque sí hay evidencias de las ganancias de quienes comercian emisiones. Pero de todos modos, ya no queda “espacio climático” para seguir emitiendo, porque el exceso de gases de efecto invernadero de unos cuantos países ha sido tan grande que no hay posibilidad de “compensar” para seguir emitiendo gases; la única solución real es reducir las emisiones.  En el caso de la biodiversidad, el planteo es descabellado, porque la diversidad biológica y cultural son procesos locales, co-evolutivos y de larga historia, no se puede destruir un espacio y pensar que “conservar” otro lo compensará, mucho menos que se puede arrancar a una comunidad de su territorio.

 

En el contexto de la COP 13 del Convenio de Biodiversidad que se realizó en 2016 en Cancún, esta modalidad de “compensación” fue un tema entusiasta del Foro de Negocios y Biodiversidad, con empresas de todo el mundo. También integra la visión de la  Alianza Mexicana de Biodiversidad y Negocios, formada poco antes de la COP13, integrada por empresas mexicanas y transnacionales como Bimbo, Cemex, Grupo México, Nestlé, Basf, Syngenta, Walmart, Banorte, CitiBanamex, Proteak, BioPappel, Televisa, Masisa, Canaco Cdmx, junto a instituciones y ONG como Cespedes, Pronatura, The Nature Conservancy, Rainforest Alliance, Conservación Internacional México, Reforestamos México, Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, Biofin, Cemda, COBI y Ecovalores, muchas de las cuales han tenido un rol clave en la mercantilización de la biodiversidad.

 

Es importante conocer y no permitir que avancen estas nuevas trampas que justifican la destrucción de la biodiversidad y nuevos ataques a comunidades campesinas e indígenas, sus verdaderos custodios.

Silvia Ribeiro es investigadora del Grupo ETC

Publicado en La Jornada, México, 29 de abril de 2017

 

 

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