Enviado por Silvia Ribeiro el
Daniel Feierstein, del Centro de Estudios sobre Genocidio en Argentina, miembro del jurado de la audiencia final de Tribunal Permanente de los Pueblos capítulo México (TPP), expresaba ante los hechos que se presentaron al Tribunal, que en otros países ya les había tocado analizar casos de torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, asesinatos políticos, violaciones, represión de movimientos, grandes dosis de impunidad… pero siempre en dictaduras. México, agregó, es el único país donde todo esto sucede “en democracia”.
La masacre de estudiantes de Ayotzinapa y la reacción de indignación y solidaridad en todo el país y en el mundo rasgó irreparablemente el velo, dejando al descubierto una dura realidad. “Todo aquello que se ha documentado tan trabajosamente durante tres años de labor del Tribunal, se condensó en Iguala en unas horas de barbarie”, escribe el jurado como introducción de la sentencia que emitieron el 15 de noviembre 2014. “En ese reino de la impunidad que es el México de hoy, hay homicidios sin asesinos, torturas sin torturadores, violencia sexual sin abusadores, en una desviación permanente de responsabilidad en la que pareciera que los miles y miles de masacres, asesinatos y violaciones sistemáticas a los derechos de los pueblos son siempre hechos aislados o situaciones marginales y no verdaderos crímenes en los que tiene responsabilidad el Estado.”
Tres años de proceso, más de mil organizaciones y movimientos sociales involucrados, decenas de foros y talleres preparatorios de las audiencias por todo el país, denunciaron, sistematizaron y presentaron ante el Tribunal Permanente de los Pueblos, más de 500 casos documentados de violaciones a los derechos de los pueblos: violencia contra migrantes, trabajadores, comunicadores, jóvenes, feminicidios y otras violencias de género, devastación ambiental, violencia contra los pueblos del maíz y la soberanía alimentaria, asalto a la educación y los educadores, guerra sucia que echa su sombra hasta el presente, despojos, masacres y guerras que no terminan y minan en represión a los movimientos sociales, represión a los que se indignan por los atropellos, represión a los que protestan por la represión. Y sobre todo ello un manto de “legalidad” e impunidad.
Todo esto fue presentado con detalles y documentos por los y las agraviadas en 39 preaudiencias y 11 audiencias temáticas, cada una con su panel dictaminador o jurado, que constituyeron la base de las acusaciones ante la audiencia final del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en México del 12 al 15 de noviembre 2014. Desde 2011, cuando este reconocido tribunal ético internacional aceptó e inauguró el capítulo México del TPP, participaron y contribuyeron más de 200 investigadores, 140 dictaminadores y jueces en las audiencias temáticas, 70 expertos internacionales designados desde la secretaría internacional de TPP en Roma, Italia.
El jurado de la audiencia final lo integraron 12 expertos internacionales en los derechos y temas denunciados, incluidos magistrados, jueces y asesores de la Corte Penal Internacional y otras instancias de Naciones Unidas y el obispo Raúl Vera de México, que ha seguido de cerca todo el proceso desde su comienzo. Elaboraron una sentencia de 96 páginas que resume los hechos, expone las causas y finca las responsabilidades del Estado mexicano, de empresas trasnacionales, de terceros países, en particular Estados Unidos y Canadá, de instituciones internacionales. (Se puede ver toda la sentencia en tppmexico.org)
La sentencia confirma la acusación principal de “desvío de poder” del Estado mexicano en sus niveles municipal, estatal y federal, el uso y abuso trans-sexenal de recursos y poderes del Estado para favorecer intereses privados y trasnacionales contra el interés público, pero además, para mantener una imagen positiva a nivel internacional, que dificultara apreciar en toda su dimensión la violación sistemática de los derechos de los pueblos.
Reconocen masacres anteriores, pero acusan con detalle a los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por una serie de violaciones de derechos establecidos internacionalmente y firmados por México y en todos los casos por crímenes de lesa humanidad. La sentencia condena “a los responsables del gobierno de Enrique Peña Nieto por la comisión de crímenes de lesa humanidad (por actos de asesinato, exterminio, esclavitud, violación, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, desaparición forzada de personas). Responsabilidades individuales por crímenes internacionales, por delitos contra los derechos económicos, sociales y culturales, por delitos contra el medio ambiente y por la existencia de un cuadro generalizado de impunidad.”
El Tribunal se comprometió a presentar la sentencia al gobierno y a los poderes Legislativo y Judicial de México (los cuales fueron convocados formalmente a presentar su defensa pero no acudieron), así como ante varias instancias de la comunidad internacional y ante el Parlamento Europeo. El proceso de construcción del rompecabezas colectivo desde abajo, continúa.
*Investigadora del Grupo ETC
Publicado en La Jornada, México, 29 de noviembre de 2014