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Por Silvia Ribeiro
Las atrocidades contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Atyozinapa, que el 26 de septiembre dejaron seis personas asesinadas, 20 heridos y 43 jóvenes normalistas desaparecidos luego de haber sido detenidos por la policía que los cazó salvajemente, aliada y/o parte de un cártel de narcotraficantes; se ha convertido en un gigantesco espejo de la realidad en México.
El dolor y la indignación recorren el país y se expresan en múltiples manifestaciones y protestas. Siguen creciendo las denuncias y solidaridades internacionales, inclusive cuestionamientos al gobierno por parte de instituciones internacionales y hasta la demanda de europarlamentarios de suspender la renovación de acuerdos comerciales con México, por la violación de derechos humanos y la falta de garantías individuales.
Son muchos los temas que esta masacre sacó a la luz, evidenciados a través de prensa y medios independientes. Entre ellos, la colusión de diferentes niveles de gobierno y policía con narcotraficantes; la podredumbre y complicidad por acción u omisión de los partidos políticos, incluido el PRD, partido al cual pertenecía el alcalde local que ordenó la masacre y al que aún pertenece el gobernador estatal; el racismo y desprecio contra los jóvenes, campesinos, indígenas; la impunidad con que actuaron los asesinos, seguros de que este horrendo crimen no iba a tener trascendencia porque a nadie le importarían los “atyozinapos”, como llamó despectivamente el alcalde de Iguala a los hijos de campesinos que van a ese internado rural.
Pero en lugar de indiferencia, el horror que despertó el crimen contra los normalistas de Atyozinapa parece haber rasgado irreparablemente el telón de encubrimientos, no sólo sobre lo que realmente pasó en Iguala, sino también porque se entretejió inevitablemente con muchas denuncias anteriores que dan cuenta del sinnúmero de atropellos que vive el México de abajo desde hace décadas. Muchos de éstos se han presentado en las audiencias temáticas del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), tribunal ético internacional que está sesionando a través de su capítulo México desde 2011 y tendrá su sesión final en noviembre 12-15 de este año.
Justamente, a pocos días de la matanza de estudiantes, se realizaba la audiencia del TPP sobre educación, cuyo jurado internacional condenó en su fallo “al Estado mexicano y sus distintos órdenes de gobierno, instituciones, e instancias responsables por los crímenes de lesa humanidad perpetrados en contra de la comunidad estudiantil de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. Delitos que incluyen homicidios, ejecución, desaparición forzada, torturas y detenciones ilegales en agravio de los estudiantes”. El tribunal consideró además que existe una “persecución política que en forma permanente sostiene el Estado mexicano hacia los estudiantes y las instituciones educativas que conforman el normalismo rural.” (Tatiana Coll, La Jornada, 11/10/14). Esta audiencia recogió testimonios de normalistas de varios estados sobre la campaña de desprestigio y criminalización que contra ellos realiza el duopolio televisivo, “generando un clima de linchamiento” y justificación de la represión, situación que comparten con los actores de muchas otras luchas sociales del país, tal como se denunció también en la audiencia temática del TPP sobre “Desinformación, censura y violencia contra los comunicadores” el 17-19 de septiembre.
Casi un año antes, Raúl Álvarez Garín y Félix Hernández Gamundi presentaron en la audiencia del TPP “Represión a movimientos sociales y defensores de los derechos humanos”, en la acusación general que abarcó varias décadas –incluidas la masacre de Tlatelolco, El Charco, Aguas Blancas, Acteal y otras, “más de 5 mil casos documentados de agresiones, (…) asesinatos políticos, masacres, ejecuciones extrajudiciales, torturas, apremios ilegítimos, desapariciones forzadas y persecuciones o asesinatos políticas por militancia política. Se refirieron a esto como asesinatos crueles, innecesarios y alevosos, caracterizado por la indefensión de las víctimas.” (dictamen en tppmexico.org). Igualmente, en las audiencias del TPP sobre guerra sucia, sobre migración y sobre feminicidios, que se realizaron en septiembre 2014, se repiten las denuncias de agresiones, matanzas e impunidad, conformando un escenario de guerra contra los pobres, especialmente mujeres, contra campesinos e indígenas y contra todos los que protestan por sus derechos, por defender sus territorios, agua, culturas, como ahora los yaquis y muchos otros.
En la audiencia del TPP sobre devastación ambiental, noviembre 2013, el jurado internacional que analizó más de 140 casos, dictaminó que existe una “desviación de poder que ha provocado la devastación ambiental del país. Los delitos presentados son encuadrables en la categoría de crímenes de lesa humanidad, tal y como están definidos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en tanto se verifican en el marco de un ataque generalizado y sistemático en contra de la población civil mexicana.” (www.afectadosambientales.org). Para comprender el vasto significado de esta sentencia, recordemos que esta Corte tiene como misión juzgar crímenes de genocidio, guerra y de lesa humanidad.
Los jurados de las diferentes audiencias anotaron que además de las agresiones, existen en todas partes acciones colectivas y comunitarias de resistencia, de creación y solidaridad, contra y pese a los ataques. Ahora, en Ayotzinapa, coexisten nuevamente y se expanden más allá de muchas fronteras, dentro y fuera del país. Cuenta Gloria Muñoz que a la entrada de la escuela hay un letrero que dice “Ayotzinapa, cuna de la conciencia social” (Ojarasca 210), lo cual cada día adquiere más significados. ¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!
*Investigadora del Grupo ETC
Publicado en La Jornada, México, 18 de octubre de 2014