Enviado por Silvia Ribeiro el
Como si no bastara con garantizar la impunidad del duopolio televisivo –que también controla la mayoría de otros medios de comunicación– y el lavado cerebral constante que aplican a la población, en México se legalizó, a través de las reformas en telecomunicaciones, que “la autoridad ejerza vigilancia masiva de la Internet, los celulares, la fibra óptica, la telefonía fija, los servicios satelitales para geolocalizar a los usuarios en tiempo real, dónde están, adónde hablan, con quién se comunican y eventualmente bloquear por razones de ‘seguridad nacional’ la transmisión de señales en actos de carácter masivo o de protesta social. Los concesionarios, es decir, las empresas, están obligadas a prestar esos servicios de espionaje, localización y fichaje: tienen obligación de guardar los datos de los usuarios al menos por dos años”. Este y otras denuncias fueron recogidos por un panel de jurados internacionales en la audiencia temática “Desinformación, censura y violencia contra los comunicadores” del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) que se realizó del 17 al 19 de septiembre en la ciudad de México.
Desde que se instaló el capítulo México de este tribunal ético internacional en 2011, este eje temático se propuso resaltar dos aspectos fundamentales del tema: la violencia contra las y los comunicadores y la violencia contra toda la población desde los medios masivos de comunicación. Esta última manifestada no solamente en violencia informativa, por entregar informaciones sesgadas o falsas como si fueran verdad única, sino también por la vigilancia y control que ejercen los poderosos a través de los diferentes modos de comunicarnos, como redes sociales, correos electrónicos y teléfonos.
El jurado de esta audiencia estuvo integrado por Marina Forti (Italia), Aram Aharonian (Uruguay), Ángel Luis Lara (España), Gustave Messiah (Francia) y Virgilio Caballero (México). En el dictamen constatan que los expedientes presentados fueron “resultado de un largo trabajo de información y documentación crítica”, articulado en foros, mesas de trabajo y preaudiencias, lo cual se reflejó en el amplio espectro de presentaciones que documentan la situación de férreo duopolio de los medios, su estrecha interrelación con los poderes económicos y políticos, la violación de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información, la violación legalizada de la privacidad, la violencia contra periodistas y trabajadores de la comunicación y las múltiples formas de menosprecio y discriminación comunicativa contra las radios comunitarias, los medios libres y las mujeres comunicadoras.
De 2002 a 2013, la organización Cimac documentó 184 casos de violencia contra mujeres comunicadoras, incluidos feminicidios. La red Periodistas de a Pie presentó el asesinato de la periodista Regina Martínez Pérez, en Xalapa, a quien las autoridades etiquetaron como “crimen pasional”, pese a que ella misma había advertido poco antes de los riesgos por su trabajo. “Se prefirió juzgarla como mujer y no hacer justicia”.
Al igual que en las cifras de violencia contra todos los comunicadores (más de 330 solamente en 2013), más de la mitad de los casos en los que se identificó a los perpetradores, se trataba de funcionarios y poderes públicos. También un alto porcentaje es crimen organizado. En lo que va del siglo, según datos registrados en la PGR, 102 periodistas han sido asesinados y 18 desaparecidos, lo cual sitúa a México entre los países más peligrosos del mundo para esta profesión.
El dictamen reflejó también otras formas de violencia, que juegan un rol crucial para justificarlas todas. Televisa y Tv Azteca, al poseer más de 90 por ciento de las concesiones del espectro radioeléctrico de México, “protagonizan una pauta de imposición mediática que expande su control de la esfera televisiva a otras industrias locales de radiodifusión, prensa escrita, edición, producción, portales en Internet y telecomunicaciones (…) lo cual remplaza la naturaleza de la comunicación como un bien social y público, generando un monopolio de producción de información que da supremacía a un único discurso de verdad en la sociedad mexicana.” Así, quienes protestan o se manifiestan por sus derechos, son presentados como criminales y se justifica incluso la violencia contra ellos, como testificaron, entre otros, los representantes de San Salvador Atenco.
No se trata solamente de ocultar o deformar la realidad, igualmente importante es que esta estructura oligopólica –que no es un ente económico aislado, sino que es nodo de un entretejido de relaciones económicas, donde sus accionistas lo son también de otras poderosas industrias con gran peso en la economía mexicana– produce también signos, subjetividad y sentido, elementos cruciales para que la sociedad acepte la suplantación de bienes públicos colectivos por relaciones de compra-venta privadas. El jurado consideró que México funciona como un “laboratorio paradigmático de la tendencia global que podríamos denominar semiocapitalismo”, donde los medios ya no sólo son un “medio” para fines de otros, sino un espacio propio de negocios y valoración.
“La transformación de los ciudadanos, de usuarios y productores de comunicación e información mediáticas, en meras audiencias y consumidores, les niega la participación en la toma de decisiones”, continúa el dictamen del TPP. Una negación a la población que no se aplica solamente a medios, sino que es espejo de lo que sucede en muchos otros temas del país que se han ido presentado ante el tribunal.
*Investigadora del Grupo ETC
Publicado por La Jornada, México, 4 de octubre de 2014