Enviado por Silvia Ribeiro el
Silvia Ribeiro*
Naciones Unidas declaró 2014 “Año de la agricultura familiar”, por las contribuciones fundamentales para la alimentación mundial de campesinas, campesinos, indígenas, pastores, pescadores artesanales, reconociendo que son quienes alimentan a la mayoría de la población global y que urge apoyarlos. Como macabra “celebración” del año, en México avanzan desde las autoridades, los ataques legales para minar las formas de producción y comunidad campesinas e indígenas, para privatizar sus tierras y terminar con sus semillas.
En ese espíritu, el 6 de enero de 2014, paradójicamente aniversario de la Ley Agraria de 1915 que ordenó restituir a los pueblos y comunidades la tierra, el presidente de México, anunció una nueva reforma agraria, ahora llamada “Reforma para la transformación del campo”. Aunque no han mostrado un texto preciso, queda claro en foros y declaraciones oficiales que el propósito es abrir más vías legales y otros apoyos para que las empresas transnacionales puedan profundizar su avance en los territorios campesinos e indígenas. Sea para explotar la tierra, el agua u otros recursos, plantar transgénicos, competir con productos producidos por pequeños y medianos, contaminar sus semillas o provocar su desplazamiento y el despojo de sus territorios para la expansión urbana, industrial, de infraestructura.
Ana de Ita, directora de Ceccam, explica que la escalada legal de apropiación privada de la tierra ejidal y comuna comenzó con la reforma del artículo 27 de la Constitución, en 1992, y continuó con la imposición del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), promovido desde el Banco Mundial. Sin embargo, los campesinos le dieron la vuelta para mantener su propiedad colectiva: aunque la mayoría tuvieron que certificar sus tierras bajo el Procede, más del 70 % las registraron como propiedad de uso común. La nueva reforma busca vaciar esto de contenido. Según Luis Meneses, asesor de Unorca, no necesitan derogar la ley agraria, basta con modificar pocos artículos que cambien reglas de decisión en los ejidos, para que los porcentajes de mayoría necesaria para permitir la privatización de la tierra, sean mucho menores (del actual 75 por ciento podría llegar a 25 por ciento), y eliminar el derecho prioritario de cónyuges e hijos a adquirir la tierra. Para entender este proceso en perspectiva histórica en un brillante y útil resumen, recomiendo ver el programa “Camposanto o campo santo mexicano”, donde Luis Hernández Navarro entrevista a estos dos expertos. (Rompeviento.tv , A contracorriente, 3/4/14).
Complementariamente, como otra pieza de la tenaza que se aprieta al cuello de los campesinos, en la propuesta de leyes secundarias en materia energética que se discute ahora en el Congreso, se incluyó la figura de “expropiación, ocupación superficial y servidumbre legal” de hidrocarburos y electricidad sobre terrenos ejidales y comunales, así como la declaración de “actividad preferente” (sobre cualquier otra) y “utilidad pública” de tales actividades –aunque estén en manos de transnacionales y no tengan ni una pizca de interés público. Esta gravísima propuesta significa que los intereses de lucro de cualquier transnacional estarán por encima de los derechos a la tierra de campesinos y comunidades indígenas, una violación histórica de sus derechos. (Luis Hernández Navarro, La Jornada, 17/6/14)
La nueva reforma quiere asegurar además que campesinos y agricultores pierdan el control de sus semillas, llave de toda la red alimentaria. Un foro nacional sobre la nueva reforma agraria, 18 de julio en Irapuato, se centrará en la promoción de semillas transgénicas y cómo aumentar el uso y venta de semillas industriales y agrotóxicos en todo el país. Por si tenía dudas de a quién sirve: 95 por ciento de la semilla industrial de maíz en México la vende Pioneer (DuPont) y Monsanto, mismas que controlan gran parte de los agrotóxicos y exigen sembrar maíz transgénico en el país.
Francisco Bolívar Zapata, coordinador de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Presidencia, relacionado a la industria biotecnológica y acérrimo defensor de los transgénicos, sin mácula de neutralidad u objetividad en el tema, afirmó a la prensa que en este foro “juntarán evidencias científicas a favor de los transgénicos”. Afirmó que hay “1,783 estudios en el mundo que comprueban que los transgénicos no son dañinos a la salud humana”.
Omitió decir que se basa en un meta-análisis, y que en éste sus autores dicen que no encontraron relación “directa” de los transgénicos con daños “significativos”, pero que “sigue un intenso debate” en el tema. Esta consideración de “directo” excluye, entre otras, que los transgénicos conllevaron el mayor uso de agrotóxicos de la historia, que esto incrementó en cientos por ciento el cáncer en poblaciones cercanas, que matan abejas y hambrean apicultores, que los residuos de agrotóxicos en alimentos crecieron hasta 200 por ciento, así como en suelos y fuentes de agua potable.
De esos 1,783, ningún estudio prueba que los transgénicos son sanos y saludables, como el maíz campesino, sino que “no se han detectado pruebas”… por ahora. Pero cuando el científico Gilles-Eric Séralini prolongó el mismo experimento de Monsanto de alimentación de ratas con maíz transgénico, sobre el que la empresa no reportó daños, observó que el mismo maíz transgénico de Monsanto que Bolívar Zapata quiere plantar en México, aumentaba significativamente el porcentaje de tumores.
El acoso al campo es demencial y suicida, no podremos vivir comiendo tóxicos y chatarra transnacional. Como vemos, los campesinos no se rinden y siguen de muchas maneras. Es tarea de todos hacer lo mismo.
* investigadora del Grupo ETC
Publicado en La Jornada, México
Julio 12, 2014