Enviado por Silvia Ribeiro el
Silvia Ribeiro*
El control de los recursos estratégicos de México está a la venta al mejor postor trasnacional y en las condiciones que demanden las empresas. Desde la minería al petróleo, pasando por la biodiversidad, el aire de los bosques y hasta el maíz, el patrimonio genético alimentario más importante del país.
El proceso no empezó ahora, pero hay en este momento pasos cruciales en juego, como la privatización del petróleo y la autorización para siembra comercial masiva de maíz transgénico en favor de Monsanto y otras trasnacionales. Otras leyes aprobadas y en discusión, como la reforma que privatiza la educación y convierte a los docentes en empleados precarios, o la imposición de IVA en alimentos y medicinas, castigan a los pobres y sus derechos sindicales más básicos. El hilo rojo es favorecer a las grandes empresas y a las minorías privilegiadas. Pero también crece la resistencia, cada día más compleja y candente, por la diversidad de actores y temas que hieren centros neurálgicos de la vida del país.
Aprovechando el contexto, un grupo de científicos protransgénicos, entre ellos Luis Herrera Estrella, director del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad (Langebio, de Cinvestav-IPN) se están reuniendo con diputados para cambiar las leyes que dificultan a funcionarios lucrar personalmente con la investigación pública. Y eso sí es una injusticia ¿no le parece? O sea, para estos científicos lo correcto es que los investigadores sean financiados con fondos públicos, usen el acervo de conocimientos, las instalaciones, sueldos, herramientas y subsidios del Estado, para que ellos puedan comerciar con empresas y patentar para su lucro personal los conocimientos que obtienen gracias al trabajo colectivo y al apoyo social.
Según Herrera Estrella, el acuerdo al que llegamos con los diputados es armonizar todas las leyes, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley de Ciencia y Tecnología para que, en una sola ley, se contemple toda esta problemática (E. Ruiz Jaimez, El Economista, 25/8/2013). La articulista abunda: Con esto buscan que el investigador pueda licenciar sus propias patentes u otras, que pueda crear una empresa y ser accionista.
En el mismo artículo, Herrera Estrella afirma que a la ley Monsanto (Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados) se le puso el mote porque sólo Monsanto puede cumplir con sus requerimientos, porque es muy estricta. Arguyendo un pretendido nacionalismo –nada convincente dados sus vínculos con las trasnacionales– quieren simplificar los trámites para que los investigadores nacionales también puedan contaminar transgénicamente los cultivos.
Pero, ni la ley Monsanto es estricta (por eso hay contaminación) ni se le llama así por lo que dice Herrera Estrella, sino lo contrario: porque favorece ampliamente los intereses empresariales, no contra investigadores nacionales, sino contra el bien público. Recordemos que la primer versión de esta ley fue presentada al Congreso por el Comité de Biotecnología de la Academia Mexicana de Ciencias, del que Herrera Estrella era y es miembro. La coordinación del cabildeo de la ley Monsanto –que ahora les resulta insuficiente, porque ven la coyuntura para ir por más elementos privatizadores– estuvo a cargo de su colega Francisco Bolívar Zapata, ahora nombrado por Peña Nieto coordinador de Ciencia, Tecnología e Innovación del gobierno. Los pocos cambios que otros hicieron en el proceso legislativo, como la obligatoriedad de establecer un régimen especial de protección al maíz por ser México centro de origen (¿una de las complicaciones a las que aluden estos científicos?) fueron vaciados de contenido con el reglamento de dicha ley. La consulta pública es una farsa, nunca considera las críticas. Las aprobaciones de siembras experimentales de transgénicos, particularmente maíz, han sido impugnadas legalmente muchas veces, motivando únicamente que el gobierno adaptara el reglamento para dejar las impugnaciones sin efecto. Ha sido un proceso de tal grado de corrupción legalizada, que fue presentado por el Grupo de Estudios Ambientales como caso de violación de derechos de los pueblos y violencia contra el maíz y la soberanía alimentaria, ante las sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) capítulo México. La ley que redactaron esos científicos y que ahora quieren modificar para facilitar aún más privatización y contaminación, evidencia la veracidad de la acusación general del TPP sobre desviación de poder del Estado mexicano contra el interés público y en favor de las empresas.
En todo caso, Herrera Estrella no se ha quedado esperando cambios. Tiene numerosas patentes a partir del trabajo en instituciones públicas y es socio fundador de Stela Genomics, empresa fundada en 2011 en Estados Unidos, con una sede cómodamente vecina al laboratorio de genómica que él mismo dirige en el Cinvestav. También es socia una investigadora a quien dirigió su doctorado en el mismo laboratorio. Stela Genomics usa el trabajo que se hizo en Langebio, financiado públicamente, para promover su negocio privado. Además, gestiona comercialmente las patentes de Herrera Estrella.
El modelo es Estados Unidos, donde el público financia las universidades que trabajan con y para las transnacionales, y los investigadores están a la venta, incluida la orientación de su investigación. La investigación en biotecnología en México va en esa dirección y hay varios ejemplos. Este tipo de conflictos de interés serán parte de los casos a presentar en la próxima sesión del TPP sobre maíz transgénico y corrupción de la ciencia.
*investigadora del Grupo ETC
Publicado en La Jornada, 7 de septiembre de 2013